El cumplimiento del código deontológico de los periodistas catalanes, 14 años después

Hace unos días se presentó el Estudi dels dictàmens del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) 1997-2011, un informe donde se analizan las reclamaciones, los procedimientos y los dictámenes realizados durante los 14 años de la institubanner_aniversarición que vela por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas catalanes. A continuación expongo algunos de los datos que aparecen en dicho estudio.

Entre 1997 y 2011, el CIC recibió 575 reclamaciones o quejas, 366 si se eliminan las repetidas, fruto de campañas realizadas por diversas Organizaciones No Gubernamentales para concienciar sobre algunas problemáticas concretas como, por ejemplo, el racismo. A partir de ahora, y mientras no diga lo contrario, me referiré siempre a las segundas, esto es, a los datos que no tienen en cuenta las repeticiones. Los autores del informe reconocen que el número de quejas es bajo, si se tiene en cuenta que la Comisión de Quejas de la Prensa (Press Complaints Comission) recibe más de 4.000 y tramita varios centenares al año (p. 35).

 La mayoría de las quejas proceden de particulares (192), seguidas por las originadas por ONGs o entidades cívicas (84). Los periodistas han presentado 21 reclamaciones en 14 años, lo cual puede interpretarse como falta de interés o confianza en que el CIC les ayude a resolver los desafíos éticos que se encuentran en su lugar de trabajo.  Los medios de comunicación, por su parte, han expuesto su descontento en 9 ocasiones.

En cuanto a los medios, las quejas se dirigen fundamentalmente a los medios escritos, diarios (278) y periódicos locales (45), seguidos de la televisión (41), los medios digitales (20) y la radio (14), entre otros. Tal vez porque, como comentan los autores del informe, la palabra vuela y lo escrito permanece (p. 13).

Desde un punto de vista geográfico, las quejas más comunes se refieren a medios cuya sede administrativa se encuentra en España (307), Barcelona ciudad y provincia (288), Gerona (41), Lleida (17) y Tarragona (15).

Los artículos del Codi Deontològic más polémicos

Los criterios más invocados por los reclamanntes, sin tener en cuenta las repeticiones, son, por este orden, los siguientes:

1. Art. 2. Fundamentación. Respeto a la dignidad de las personas. No injurias: 25,93%.

2. Art. 12. Discriminación por sexo, raza, creencias, etc.: 17,76%.

3. Art 1. Separación de la información y opinión. No rumores ni conjeturas: 13,55%.

4. Art. 9. Respeto a la intimidad y a la propia imagen: 10,28%.

Obsérvese que el artículo 1 toca el núcleo de la profesión, que tiene sentido en la medida en que ofrece informaciones veraces y rigurosas. Los otros, aun siendo fundamentales, se refieren a las consecuencias negativas de la información y, por tanto, ponen al descubierto el conflicto existente entre la libertad de expresión y los derechos de terceras personas.

Por temas, las cuestiones que han generado más preocupación han sido las siguientes: racismo y xenofobia; falsedad; invasión de la intimidad; selección, manipulación y ordenación de imágenes y sonido; contextualización y profundización de la información; inclusión de diferentes puntos de vista; rectificaciones; difamación y calumnia; separación de información y opinión, y menores. Los autores del trabajo han echado de menos algunos temas polémicos como, por ejemplo, el tratamiento de la violencia de género o el respeto a las creencias religiosas (p. 21).

Los procedimientos

De las quejas recibidas en los 14 años analizados, el CAC ha admitido a trámite aproximadamente el 80 por ciento. El 20 restante no se ha tenido en cuenta, bien porque quedaba fuera de su competencia geográfica o institucional (existencia de otras entidades que se hacían cargo del problema; en total, 18 desviaciones), bien porque no se apreciaba relación con la deontología de la profesión (“ausencia de factum ético” en la terminología de los autores), por cuestiones formales o porque se había iniciado un procedimiento legal.

En ocasiones, el Consell se pone en contacto con los medios de comunicación afectados por la reclamación. Pues bien, entre 1997 y 2011 se han derivado consultas relativas a 276 quejas de un total de 669 (números absolutos, es decir, contando repeticiones). Y de esas 276 quejas consultadas, se ha recibido respuesta en 182 ocasiones. La respuesta de los medios adheridos al CIC no varía demasiado en relación con los no adheridos (68% frente al 64%), lo cual revela escasa conciencia entre las empresas de comunicación que, en teoría, apoyan la labor del Consell de la Informació.

Además, la mayoría de los medios que responden (182) no suelen reconocer que han vulnerado algún artículo del código deontológico (159), pocos reconocen transgresiones parciales (11) y menos entonan el mea culpa (10). Las diferencias entre medios adheridos y no adheridos vuelven a ser no significativas (p. 29).

Las resoluciones

La mayoría de los dictámenes elaborado por los miembros del Consell han sido favorables al denunciante, total (85 de 230, sin repeticiones) o parcialmente (30). Algunas menos han sido favorables al periodista o al medio (77) y las menos se han resuelto de manera ambigua o reconciliadora. Parece, por tanto, que a ciudadanos y medios nos costa ponernos de acuerdo. En esta ocasión, no obstante, se observa que las resoluciones favorables al denunciante se producen en mayor medida en medios que no están adheridos al CIC, lo que lleva a los autores a concluir que los medios ahderidos “son probablemente más propensos a guardar un comportamiento ético” (p. 32).

Los criterios más vulnerados, según las resoluciones del CIC (y no según las quejas, como se ha mostrado anteriormente), son, por este orden, el artículo 2 (21,4%), el 12 (17,8%), el 9 (12,3%), el 1 (11,7%) y el 1o, relativo a la presunción de inocencia (11,1%).

El Consell sólo ha actuado de oficio en cinco ocasiones: en noviembre de 2000, a raíz de unas memorias publicadas en forma de novela; en marzo de 2003, por unas fotos sobre la guerra de Iraq; en 2005, por una foto de un tsunami que no se correspondía con el momento en cuestión, sino con un hecho anterior; en 2011, a partir de una entrevista realizada en “El programa de Ana Rosa” a Isabel García, la esposa de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz; y en mayo de 2011, sobre el derecho a la intimidad de personas implicadas en el terremoto producido en la localidad de Lorca, en Murcia (p. 37).

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El pasado mes de octubre también se produjeron cambios en la Fundación CIC: se estrenó nuevo patronato y se renovaron los miembros del Consell que gestionan las quejas ciudadanas.

Los desafíos éticos del periodismo en el 2010. Una jornada

Notas sobre el I Seminario de Ética y Periodismo organizado por el Consejo de la Información de Cataluña  (CIC) y celebrado el 4 de mayo de 2010 en Barcelona

Hay algo en lo que coincidimos todos, aunque nos expresemos con distintas palabras. El periodismo cumple una función importantísima en cualquier democracia, pues ofrece -o debería ofrecer- la información que permite tomar decisiones razonables sobre cuestiones importantes como las que afectan a la salud o a la elección de quienes nos gobiernan (Llúcia Oliva, presidenta del CIC). La información es un bien público, un derecho fundamental tan importante como el derecho a la salud o la educación (Santiago Ramentol, consejero del CIC y del Consejo Audiovisual de Cataluña).

También parece darse por supuesto que los periodistas y los empresarios de la información son -o deberían ser- los profesionales responsables de ofrecer información verdadera, relevante, plural, contrastada; en definitiva, información de calidad. De hecho, varios ponentes han rechazado explícitamente el denominado periodismo ciudadano.

Ojo, no se rechaza la participación ciudadana en los medios. Esto se considera muy útil, pues permite tener acceso a informaciones que, de otro modo, sería imposible conocer o documentar. Las aportaciones de los ciudadanos también permiten desenmascarar noticias falsas, erróneas o incompletas. No obstante, estas contribuciones deben someterse a un filtro profesional que, entre otras acciones, verifique que el contenido de dichas noticias es verdadero.

Y tampoco hay que ser ingenuos, como ha advertido el profesor de la Universidad Ramón Llull, Josep Lluis Micó. En numerosas ocasiones se demanda la participación del público en la sección de comentarios, no porque estos aporten calidad al debate social, sino porque generan tráfico, o sea, publicidad, o sea, beneficios económicos. Un objetivo legítimo, pero ajeno al discurso del periodismo como institución democrática.

Por tanto, como muy bien ha sintentizado el director de Vilaweb, Vicent Partal, los periodistas se mueven en un delicado equilibrio: por un lado, deben ser humildes para reconocer que ahora cualquiera puede acceder directamente a las fuentes -o convertirse a su vez en fuente, agrego yo-, pero también han de ser fuertes para defender que el periodismo debe ser ejercido por profesionales a los que se les pueden exigir unos mínimos.

De hecho, varios participantes han sostenido que la identidad del periodista ahora mismo reside sobre todo en su capacidad para respetar la ética periodística, para realizar bien su trabajo (Josep Maria Martí, decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Elissa Papirno, profesora de Derecho y Ética periodística en las universidades de Boston y Hartford).

Y luego, como no podía ser de otra manera, ha venido la cuestión del millón: ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se convence a los empresarios para que apuesten por la calidad de la información, por los principios clásicos de la ética periodística en un entorno tan convulso, acelerado y competitivo como el actual? Algunos han apuntado que tal vez sea el momento de apostar por una regulación (Carles Pérez, defensor de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales). Otros han propuesto la formación reglada, la colegiación obligatoria y la fortaleza sindical (Ramentol).  Alguien del público ha dejado caer que la credibilidad no se gana con malas prácticas periodísticas, sino con una trayectoria ética coherente.

Sea como fuere, la solución requiere de los tres sectores implicados: empresarios, periodistas y, cómo no, ciudadanos. No vaya a ser que, después de todo, consigamos que el empresario arriesgue su dinero y el periodista se deje la piel en su trabajo, y resulte que el ciudadano no tenga tiempo ni ganas ni dinero para informarse como debiera. Que todo puede ser.