Pinceladas sobre el nuevo marco jurídico de los medios audiovisuales

La gran protagonista del curso de verano “El nuevo marco jurídico de los medios audiovisuales” fue, sin duda, la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), que entró en vigor el pasado 1 de mayo con el fin de “compendiar la normativa vigente aún válida, actualizar aquellos aspectos que han sufrido importantes modificaciones y regular las nuevas situaciones carentes de marco legal”.

La norma es fruto de la obligación de transponer la Directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicación Audiovisuales del Parlamento Europeo a la legislación española.  Sin embargo, la  LGCA no ha tenido en cuenta los últimos avances tecnológicos ni resuelto algunas de las ambigüedades presentes en la directiva. Como explicó Joan Barata, profesor de Derecho Administrativo y secretario general del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), la ley española no tiene en cuenta la convergencia mediática, pues está pensada básicamente para televisión; y tampoco define suficientemente qué es público y qué privado, o qué tiene carácter comercial y qué no. Incluso transcribe literalmente algunos párrafos que no tienen sentido en el contexto estatal (véase artículo 2.13).

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo, anticipó además la posibilidad de que existan conflictos competenciales entre la ley general y la legislación autonómica catalana (del año 2005), pues la LGCA no distingue qué preceptos tienen carácter básico y cuáles no. A este respecto, Luis Javier Mieres, asesor del Ministro de Justicia, explicó que la ley se halla “embarazada”, expresión que hace referencia a los nueve meses que existen para dirimir controversias.

Mieres también planteó otras cuestiones que la Ley General de Comunicación Audiovisual no garantiza adecuadamente, como el pluralismo. La norma prohíbe a los prestadores adquirir medios audiovisuales que superen el 27% de la audiencia en el momento de su adquisición y, sin embargo, no contempla qué ocurre cuando, pasada la compra, se supera ese límite. La ley también reconoce el derecho de réplica de los ciudadanos, pero no se establece el procedimiento, por lo que el ciudadano ha de esperar a un ulterior desarrollo normativo.

El catedrático acreditado de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde, se mostró cauto a la hora de valorar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), la “autoridad independiente supervisora y reguladora de actividad de los medios” (art. 45). La clave de su éxito residirá en si es capaz de imponer sus decisiones, algo que “se ve con el tiempo”, indicó. Villaverde también recalcó que el CEMA necesitaría cobertura de ley orgánica, ya que una de sus funciones consiste en velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en la ley.

Los representantes de los consejos audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía, por su parte, se mostraron encantados con la creación del CEMA, ya que una entidad de estas características contribuye a cambiar la cultura de los políticos (a los que les cuesta soltar el poder), de los empresarios (que pueden llegar a presionar más que los políticos, como advirtió el presidente del CAC, Ramon Font) y de los ciudadanos (que todavía no tienen conciencia de sus derechos y de la importancia de reclamar cuando se vulneran). Todos pidieron que se constituya cuanto antes y Borja Mora-Figueroa, gerente del Consejo Audiovisual de Navarra, solicitó cautela en su composición, en los medios que se le otorguen y en sus prioridades, y que la relación entre el Consejo Estatal y los autonómicos no sea de mera coordinación sino de participación y enriquecimiento mutuo.  

 Foto tomada de aquí.

Presentado en Cataluña un proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos

El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) ha presentado esta mañana en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña un borrador de proyecto de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía.  El texto, aprobado por todos los miembros del Foro el 12 de abril de 2010, tiene como objetivo primordial defender el derecho de la ciudadanía a obtener una información veraz, plural y relevante, al mismo tiempo que protege a los periodistas profesionales y les exige determinados deberes, compartidos también por las empresas informativas.

La iniciativa legal consta, además de la exposición de motivos y cuatro disposiciones finales, de 35 artículos distribuidos en cinco capítulos. El primero intenta definir quién debe ser considerado como profesional de la información periodística. El FOP mantiene una concepción basada en el ejercicio profesional, tal  y como ocurría en la Proposición de Ley de Estatuto del periodista profesional admitida a trámite en 2004 (PLEPP), si bien ha eliminado la concesión de carnés para identificar a los profesionales. No obstante, el tema sigue sin estar resuelto, ya que el Colegio de Periodistas de Galicia, adscrito al Foro, considera periodista al titulado en Periodismo. En la rueda de prensa se ha podido comprobar además que, para algunas personas, el documento tampoco aclara adecuadamente el papel de los profesionales que trabajan en gabinetes de comunicación o en movimientos sociales o qué pasa cuando son los propios ciudadanos quienes aportan información de calidad.

De hecho, el representante de Comisiones Obreras, Antoni Ribas, ha reiterado en diversas ocasiones que el texto es fruto de un consenso en el que todas las partes han tenido que ceder en sus pretensiones, y que el borrador podrá someterse a enmiendas cuando sea presentado y admitido a trámite en el Congreso de los Diputados, objetivo último de los integrantes del Foro de Organizaciones de Periodistas desde el año 2000, cuando decidieron elaborar un proyecto legislativo sobre este tema.

El capítulo segundo, dedicado a los deberes, ha engordado respecto a la versión de 2004. En esta ocasión, se ha incluido el derecho de réplica y rectificación (capítulo 9) y se ha dedicado una especial atención a los deberes de las empresas periodísticas (art. 10), si bien se ha eliminado la polémica sanción del 1% de multa sobre sus beneficios netos en caso de vulneración grave de las normas éticas contempladas en la Declaración de Principios de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). En ese supuesto, las empresas no podrán acceder a ayudas públicas.

El tercer capítulo se centra en los derechos de los periodistas, que siguen siendo prácticamente los mismos: independencia (art. 12), cláusula de conciencia (art. 13), secreto profesional (art. 14), delito de revelación de fuentes confidenciales (art. 15), acceso a las fuentes informativas (art. 16), acceso a los actos públicos (art. 17), acceso a las vistas judiciales (art. 18), derechos de autoría (art. 19) y firma (art. 20). El capítulo concluye con un artículo dedicado a los directores, que en la PLEPP se hallaba en un capítulo aparte.

El Foro de Organizaciones de Periodistas apuesta por mantener la obligatoriedad de crear Comités Profesionales de Redacción (objeto del capítulo IV), a pesar de que algunos los tildaron de sovietizantes, como ha recordado el presidente del Sindicato de Periodistas de Cataluña, Ramon Espuny, presente en la sala. Dichos comités siguen sin tener carácter vinculante para la empresa, pero garantizan la participación de los profesionales en algunas de las decisiones más importantes del medio -como los cambios en la línea editorial, los planes de organización de la redacción o el nombramiento o destitución de directivos u otros responsables editoriales- y el conocimiento de lo que ocurre dentro de las empresas periodísticas por parte de la ciudadanía -existe la obligación a difundir la opinión del comité en caso de que éste lo solicite-.

Finalmente, el último capítulo está dedicado al Sistema de Garantías, cuya responsabilidad recae en esta ocasión en un Consejo Corregulador del Periodismo, que sustituye al polémico Consejo Estatal de la Información que aparecía en el redactado de 2004. Dicho consejo estaría compuesto por representantes de organizaciones profesionales (novedad) y sindicales, asociaciones empresariales, un jurista, un representante de los decanos de las Facultades de ciencias de la información (novedad), representantes de las organizaciones de usuarios y ONG de derechos humanos (novedad) y un representante por cada uno de los consejos correguladores de ámbito autonómico (novedad). Desaparece la comisión de acreditaciones y se mantienen la comisión deontológica y de estudios. También se mantiene la financiación por parte de los presupuestos generales del Estado, si bien no se descarta la contribución de empresas públicas y privadas.  

Los promotores de este borrador de Ley Orgánica son conscientes de que el hecho de que los poderes públicos respalden este consejo genera suspicacias entre algunos sectores profesionales y, sobre todo, empresariales, pero siguen creyendo que los representantes políticos constituyen el único estamento legítimo para ordenar el derecho a la información en España, tal y como ha expuesto el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Dardo Gómez.

El borrador para el proyecto de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía ya se ha presentado al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, así como a los portavoces parlamentarios del Grupo Socialista, Izquierda Unida y Convergència i Unió. También se le ha mostrado a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ex miembro del Foro, y está previsto hablar con otros grupos políticos, los representantes de los empresarios y miembros de la sociedad civil. Finalmente acudirán a los representantes del Gobierno para recordarles su promesa electoral y hacerles ver que la autorregulación que proclaman algunos sectores, sobre todo empresariales, no se está cumpliendo, por lo que es preciso que alguien marque “las reglas del juego” si no queremos seguir viviendo en la ley de la selva, como ha apuntado el representante de UPIFC-Sindicato de la Imagen, Pere Monés.

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El Foro de Organizaciones de Periodistas está integrado por la Agrupación de Periodistas de UGT y CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Cataluña, el Colegio de Periodistas de Galicia y UPIFC-Sindicato de la Imagen.

Actualización (12 julio 2010)

El texto completo puede consultarse aquí.

En el documento también consta la participación de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV.

Debate sobre el estatuto del periodista profesional en Tarragona

La demarcación de Tarragona del Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) ha organizado un debate sobre el estatuto del periodista profesional que se celebrará en el salón de actos del Ayuntamiento de Tarragona (Plaça de la Font, 1) este viernes 22 a las 19.00 horas.

En dicho encuentro participarán el secretario general de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FEsP), Dardo Gómez.  

El grupo parlamentario ICV, Izquierda Unida (IU) e Izquierda Verde presentó una Proposición de Ley de Estatuto del Periodista Profesional, elaborado en el seno del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), al que pertenece la FEsP, durante la pasada legislatura (2004-2008). La proposición fue admitida a trámite, pero no consiguió ser aprobada antes de que concluyera dicho periodo legislativo.

En la presente legislatura, ICV, IU y Esquerra Republicana han presentado un proyecto similar denominado Proposición de Ley del derecho a la información y de deberes y derechos de los informadores. Sin embargo, su admisión a trámite, no digamos ya su aprobación, se intuye complicada, dado que la profesión periodística continúa dividida en temas como la definición de periodista (si es el que ejerce, el que tiene el título de periodista o ambas cosas) o la creación de un Consejo de la Información que vele por el cumplimiento de los principios deontológicos de la profesión, entre otras cuestiones.

Además, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en 2003 a aprobar un estatuto del periodista profesional, siempre y cuando hubiera consenso entre periodistas y empresarios, lo cual parece el “más difícil todavía”. No obstante, recientemente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo promoverá un encuentro entre periodistas, empresarios y expertos de la comunicación para “garantizar con la ley en la mano que los derechos de todos los ciudadanos son siempre respetados, incluyendo los derechos de los profesionales del periodismo” (para ver el vídeo del anuncio de la vicepresidenta, pincha aquí).

Pequeña revelación sobre el Derecho

Agotada de leer y resumir un manual de Derecho de la información, descubro una frase modesta, arrinconada en la última frase de una nota a pie de página, que me revela el sentido profundo de lo que estoy aprendiendo y que me anima a no desfallecer, a pesar del agotamiento:

Se trata sencillamante de que la persona ha de sufrir las consecuencias de sus propios actos (Lluís de Carreras, 2008, p. 178, nota 4).

La palabra “sufrir” hace un poco de daño a mis oídos que, acostumbrados a escuchar la melodía de la ética, se sienten más cómodos con el verbo “responder”:

Se trata sencillamente de que la persona responda de sus propios actos.

Derecho o ética, ambos saberes contribuyen a la formación de personas maduras, capaces de responder de sus actos y de asumir el sufrimiento que estos conlleven.

El día ha merecido la pena.

¿A quién le importa la ética, la deontología y el derecho?

A mí.

A ti.

A todos.

Aclaro un poco los términos y  voy intentando demostrar lo que digo…

Ética/Moral. Conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que nos guían en la búsqueda personal de la felicidad. Uno puede ser una buena persona y tener mala suerte en la vida, pero la mala persona ya está condenada de antemano. No hay quien se arrime de buena gana a un ser despreciable.

Deontología/Autorregulación. Conjunto de conocimientos teóricos y prácticos compartidos por miembros de una misma profesión y/o grupo social con el fin satisfacer una necesidad social de forma adecuada. Es imposible que exista un acuerdo al cien por cien entre todos los profesionales, pero sí que pueden encontrarse pautas y criterios para distinguir el profesional “como la copa de un pino” del chapucero y/o chaquetero. Este último no tiene mucho futuro. Sus clientes no vuelven a confiar en él y sus colegas de profesión le desprecian.

Derecho/Legislación. Conjunto de conocimientos teóricos y prácticos compartidos por una sociedad con el fin de garantizar la convivencia pacífica, libre y responsable de todos sus miembros. Cada ciudadano tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad, pero también tiene el deber -jurídico- de respetar el desarrollo de otros como él, so pena de ser sancionado.

Sigo un poco más, aunque creo que ya puedes ver por dónde voy…

Si no te importa tu felicidad, entonces olvídate de la ética y la moral.

Si no te importa mantener tu puesto de trabajo ni progresar en él, olvídate de la deontología y la autorregulación.

Si no te importa ser multado o privado de tu libertad, olvídate del derecho y la legislación vigente.

 

Y si, a pesar de todo, afirmas que no te interesan estas cuestiones ni quieres saber nada sobre ellas, ¿en qué momento de tu vida dejaste de preocuparte por lo importante o, lo que es peor, perdiste la fe en ti mismo y en los que te rodean?

Como dice el refrán, “nunca es tarde, si la dicha es buena”.

Vayamos entonces a por ella.

Por ti.

Por mí.

Por todos.

 Foto: www.mariaweso.com/?p=91

El nacimiento del derecho a la comunicación

Apuntes sobre el artículo de María Paula Saffon titulado “El derecho a la Comunicación: un derecho emergente” (2007).

La duración de un embarazo está muy clara: unos nueve meses, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo hasta el momento del parto. Ahora bien, ¿cuánto dura la gestación de un derecho? Nadie lo sabe. María Paula Saffon apunta en su artículo “El derecho a la Comunicación: un derecho emergente” que el derecho a la comunicación ya ha roto aguas en algunos ámbitos, pero que todavía falta su reconocimiento político y legal. Vamos, que la criatura ha nacido y tiene nombre, pero que de momento no hay fecha para el bautizo. bebe-02-300x270

Por si alguien no se ha dado cuenta, en Occidente hace tiempo que dejamos de ganarnos la vida con la agricultura y la industria. Hoy en día la información, la comunicación, el conocimiento y la cultura son nuestras principales fuentes de riqueza y poder. Más todavía. Vivimos en una sociedad de la información donde “la aparición de las NTIC [Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación] no puede ser comprendida exclusivamente como un asunto de innovación tecnológica importante, sino también y sobre todo como una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad en sus diferentes esferas: social, política, económica y cultural” (p. 3).

El derecho a la comunicación ha nacido entonces para responder a esta nueva situación que, según la autora, no puede ser cabalmente manejada desde los derechos clásicos a la libertad de prensa y a la información.

María Paula Saffon explica que la libertad de prensa busca proteger ante todo al productor de ideas e informaciones, y que este derecho regula esencialmente las relaciones entre los medios de comunicación y el Estado.

El derecho a la información, por otro lado, surge fundamentalmente para proteger a los destinatarios de la información, y no sólo a los productores de la misma. Este derecho regula, por tanto, las relaciones entre el Estado y los productores, y entre estos y los destinatarios de la información.

El derecho a la comunicación responde a una visión más activa de los destinatarios y, por tanto, regula –o debería regular- las relaciones “entre el Estado y todos los usuarios de las NTIC, sean ellos o no medios de comunicación y tengan ellos o no relaciones definidas con el Estado, así como las relaciones interpersonales entre estos usuarios” (pp. 15-16).

La promulgación de este derecho supondría, por ejemplo, defender el derecho de toda persona a acceder y utilizar los espacios creados por las NTIC, proteger la diversidad cultural y los saberes tradicionales, garantizar la veracidad e imparcialidad de los mensajes que se difunden a través de las nuevas tecnologías, garantizar el respeto a la intimidad y un uso responsable del anonimato, etc.

Más profundamente, “el derecho a la comunicación implica, en realidad, una transformación de la mirada liberal e individualista en la que hasta el momento se han basado los derechos a la libertad de prensa y a la información, hacia una mirada fundada en la necesidad de garantizar equitativamente a todas las personas la posibilidad de acceder y de producir información y conocimiento, como medio para la materialización de los valores democráticos esenciales. Desde esta nueva perspectiva, el ejercicio del derecho a la comunicación no puede depender de las capacidades materiales de los sujetos para acceder a o producir la información, y su protección no puede estar subordinada a las tendencias del mercado” (p. 18).

La autora reconoce que la implantación de este derecho requiere un gran desembolso económico y voluntad política, pero que el fortalecimiento de la democracia y la consecución de un mundo más justo e igualitario merecen la pena.

El artículo concluye con algunos ejemplos de espacios que intentan poner en práctica el derecho a la comunicación, como algunos medios comunitarios, plataformas, grupos o campañas que no han terminado de alcanzar los objetivos previstos. El derecho a la comunicación ha nacido pobre y limitado, pero ha nacido y va creciendo.

Ahora tengo que pensar en cómo afecta esto a los periodistas. En principio, estos no son ni más ni menos que otros usuarios de las NTIC, lo cual en parte es cierto y en parte no. Porque todo el mundo tiene derecho a informarse e informar, pero no todo el mundo tiene los conocimientos especializados ni, sobre todo, el tiempo para hacerlo con ciertas garantías de calidad; a menos que cada uno escriba de lo que sabe, se me ocurre.  Pero, claro, ¿qué pasa con las cuestiones que afectan a la mayoría? ¿No debería existir alguien (unos profesionales) que se preocupe por lo que afecta a la mayoría? Pero, claro, si estos tiran la toalla y se limitan a seguir las consignas de sectores que sólo miran por su interés…

Seguiré pensando, pero ya sabéis que se aceptan todo tipo de opiniones.

 Foto: http://www.dibujosydibujos.com/