Comienza la reconstrucción del periodismo en la Casa de la Premsa de Barcelona

Dedicado a los compañeros y compañeras de El Periódico de Catalunya y el grupo Zeta que no se resignan a ser los únicos responsables de la situación económico-financiera de la empresa

 

¿Qué hacen una cuarentena de periodistas un sábado por la mañana en un edificio medio en ruinas? Pasar el tiempo, compartir preocupaciones y, sobre todo, buscar soluciones a los problemas que afectan a la profesión.
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Muchos ya lo han hecho muchas veces, y lo seguirán haciendo, pero este acto posee un gran simbolismo, una gran fuerza. Es la primera vez que se juntan representantes del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Associació de Dones Periodistes de Catalunya, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el colectivo Som Atents y el Sindicat de Periodistes de Catalunya -de quien, por cierto, ha partido la iniciativa-. Y es el primer acto propiamente periodístico que se organiza en muchos años en la Casa de la Premsa, un edificio construido para facilitar a los profesionales de la información la cobertura de la exposición universal de 1929.

El edificio es precioso por fuera, pero está medio en ruinas por dentro. No obstante, continúa resultando atractivo y posee mucho potencial para realizar actos cívicos. ¿Como el periodismo?, me pregunto mientras participo en la visita guiada anterior a la mesa redonda.

Durante la jornada se tocan cuatro temas principales, por este orden: la cuestión de género en los medios, las condiciones laborales, la responsabilidad profesional y si es necesario regular o no la información.

La representante de la Associació de Dones Periodistes explica que la sensibilidad de género es mucho más que poner los/las, y nos hace caer en la cuenta de que los hechos también hablan: ¿sólo una mujer preparada/disponible para hablar en una mesa de cinco personas?

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En cuanto a la precariedad, todo el mundo coincide en que es abundante -demasiado- y que afecta a la calidad de las informaciones. También en que los periodistas del país somos incapaces de unirnos y decir basta. No lo recuerda un periodista extranjero que colabora con El Periódico de Catalunya: “El mismo reportaje aquí vale 400 euros; en Alemania, más de 1.000. Nos toman por tontos”.

En algún momento el representante del Grup Barnils, Enric Borràs, nos recuerda que nos hemos resignado a no disponer de unas tarifas mínimas por las piezas que producimos, a no exigir más transparencia sobre la propiedad mediática… ¿Y cómo van a pagar los ciudadanos por la información, si nos limitamos a copiar y pegar notas de prensa y comunicados? Borràs pone el dedo en la llaga: “Hay que distinguir entre contenidos, comunicación, entretenimiento y periodismo”.

La jornada concluye con la necesidad de que se regule algo, como el derecho a acceder a la información pública, a los juicios, las condiciones laborales mínimas de colaboradores… Y nos perdemos un poco en las palabras -¿como buenos o malos periodistas?-: ¿queremos regular el periodismo, a los periodistas, el derecho a la información de la ciudadanía?

No puedo callarme e intervengo -¡toma autocita!-: está muy bien pedir socorro al Gobierno para arreglar este desgobierno, pero no lancemos balones fuera, porque así no conseguiremos el respeto ni de nuestros propios compañeros -ni su apoyo para pedir el cambio legislativo, por supuesto-. Empecemos por nosotros mismos, por no llamarnos periodistas si no hacemos periodismo. Y sigamos por las organizaciones, que no saben, no pueden o no quieren apoyar a quienes lo ejercen ni criticar a quienes hacen antiperiodismo. Sólo así recuperaremos la confianza de los profesionales del gremio -que se traduciría a la larga en más colegiados, afiliados o asociados, o sea, más manos- y, tal vez, de la ciudadanía -que se traduciría en más audiencia y más gente dispuesta a pagar por la información, esto es, más ciudadanos críticos-.

En realidad, mi intervención oral no ha sido tan buena -o tan mala- como lo que acabo de escribir. Un compañero me ha hecho pensar por qué he dicho que el derecho es la constatación del fracaso de la deontología; y ésta, de la ética personal.  En parte, porque si hubiera más respeto y solidaridad, no harían falta ni la autorregulación ni la legislación. Es verdad que esto puede resultar utópico, pero también espero haber dejado claro que sin utopía nos estancamos. Porque, como bien ha comentado el histórico periodista y primer presidente del SPC, Enric Bastardes, ya hay muchas leyes, y estas no se cumplen. O sea, que puede haber situaciones tan degradadas que requieran la intervención del legislador, del mismo modo que sin formación/sensibilidad ética el derecho resultará estéril.

Y, ahora, escribiendo estas letras y alejándome, por tanto, de todo y todas las intervenciones público-privadas, me ha venido a la cabeza una idea que ya me ronda hace algún tiempo. Apostar por la ética y la autorregulación no significa debilidad ni ingenuidad. Hay que ser muy fuerte para que un profesional o una institución profesional afirme públicamente: “Lo siento, lo que tú haces no es periodismo, no puedes formar parte de nuestra entidad”; o “lo siento, pero esto que has hecho no está bien, y no podemos permanecer callados o darte la razón”. Hay que ser muy fuerte para apoyar y/o criticar a tus propios compañeros -no a los políticos ni a los empresarios, eso se nos da fenomenal-.  Hay que ser muy fuerte para aguantar el aluvión de críticas: “Y tú qué te has creído, que eres un santo, un experto en Ética, que estás por encima del bien y del mal, y tú, tú y tú más…?”.

Ya me he vuelto a despistar/apasionar, oye. Quedémonos con esta idea: cinco entidades importantes -aunque alguna no haya querido figurar en el cartel, y ella sabrá por qué- se han unido por primera vez para compartir su visión del periodismo y buscar estrategias para defenderla. Ojalá que la próxima vez -que la haya, que la habrá- seamos muchos más los que amamos el periodismo, los que queremos una sociedad informada. Por un #periodigne, por una auténtica Casa/Hogar de la prensa, donde podamos ayudarnos mutuamente a mejorar.

Posdata: Oye, tú, ¿habrá nacido hoy la Comisión para la recuperación del periodismo, a imitación de la Comisión para la recuperación de la Casa de la Premsa? Unos buscan recuperar un edificio para los vecinos; otros, una profesión para la ciudadanía.

Más formación y menos regulación, por favor. ¿Podemos? ¿Queremos?

La difusión de unas declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la necesidad de regular “una parte” de los medios de comunicación social, ha destapado la Caja de Pandora, si bien el tema ya se incluía en el programa electoral de esta formación política que sorprendió en las pasadas elecciones europeas con cinco eurodiputados. El punto 2.6. del mismo se titula una “legislación destinada a impedir la formación de monopolios u oligopolios en el ámbito de la comunicación” y se incluyen tres medidas fundamentales: a) evitar la concentración de la propiedad de los medios; b) creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente ; y c) creación de una agencia de noticias europea, también gestionada democráticamente por los ciudadanos.

Pablo Iglesias
Pablo Iglesias, líder de Podemos

Es pronto para poder juzgar las intenciones, así que vamos a presuponer que son buenas. El profesor de la Complutense de Madrid quiere evitar que los propietarios de los medios (el dinero, vaya) y los grupos políticos (el poder) se inmiscuyan en las decisiones de los periodistas (el interés público, la democracia, la convivencia), hablando siempre en términos generales, claro, que excepciones siempre las hay y las habrá.

Ahora bien, no sólo de buenas intenciones vive el hombre. De hecho, las reacciones han llovido antes de que se explique cómo se llevará a cabo tan loable objetivo. Como botón de muestra, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha recordado que el Foro de Organizaciones de Periodistas lleva desde 2004 intentando que se apruebe, sin éxito, un Estatuto del Periodista Profesional, llamado Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC) desde 2010. Por el otro lado, se hallan quienes, como el periodista Ramón Lobo, defienden la libertad de empresa y la equiparan con la libertad de prensa. No he de añadir que este último grupo es alérgico a cualquier regulación específica de los medios y de sus profesionales.  Nada nuevo sobre el horizonte, tal y como puede apreciarse en mi humilde trabajo de investigación sobre el debate entre regulación jurídica y autorregulación de los medios.

No voy a valorar la propuesta concreta de la formación política que lidera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Sencillamente, porque, como he dicho anteriormente, debería conocer más detalles sobre la misma. Sí quiero, no obstante, realizar dos observaciones.

La primera, que todos, partidarios o detractores de una regulación específica de los medios, estamos cansados de que banqueros y políticos decidan qué es lo que sale o no sale en los medios. Y que sólo esto debería bastarnos para juntarnos y buscar alternativas, en vez de lanzarnos dardos unos a otros.

Y segunda, que vivimos en un momento de gran desconfianza general y que, por tanto, tan complicado resulta apelar a una institución independiente promovida por los legisladores (recuérdese el frustrado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales de la Ley General de la Comunicación Audiovisual) como cantar las bondades de la autorregulación empresarial y profesional. Lo que quiero decir es que la solución, la verdadera solución, no está en la institución o en el mecanismo que se cree, sino en las personas que lo pongan en marcha. Que las palabras que describen los medios públicos son maravillosas, así como las líneas editoriales de los medios privados. Hechos, no palabras.

Y para eso, hacen falta personas inteligentes, valientes, fuertes y con un gran sentido de la ética. O sea, educación, educación y educación, en todos los sentidos de la palabra; e investigación, investigación e investigación en el terreno pantanoso de la Ética y el Derecho. ¿Que se trata de un proceso lento y costoso? Más a mi favor. Ya vamos tarde y el esfuerzo que hay que realizar, tanto en tiempo, dinero como en energía, resulta mucho más elevado ahora. Lamentablemente, esta semana he sabido que la Fundación COSO se está planteando dejar de organizar más congresos de Ética y Derecho de la Información por falta de presupuesto, después de una década de esfuerzos por intentar reflexionar sobre cuestiones vitales para la vida pública. O sea, que si no hacemos nada, se tirará por la borda el único congreso especializado en estos temas, junto con el promovido recientemente por la Universidad de Sevilla.

Sólo los ciudadanos conscientes de la importancia de la independencia, la veracidad, la pluralidad y el respeto en los medios y, en definitiva, en la vida pública, pueden poner fin a tanto despropósito y desbarajuste. Y si podemos, la pregunta inmediatamente siguiente es: ¿queremos?

Imagen tomada de aquí

“No hay derecho a tanto derecho”

Apreciados lectores,

En mi última columna reflexiono sobre un fenómeno que me preocupa bastante. ¿Qué pasará si los ciudadanos de Occidente seguimos reivindicando derechos y más derechos sin prestar atención a nuestros deberes? La cosa no pinta nada bien, me temo.

Y ahora, triple salto mortal, ¡corregulación y autorregulación regulada!

Aquí van algunas ideas que me han suscitado la III Asamblea de Periodistas del Sindicato de Periodistas de Cataluña y la jornada del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre Regulación, coregulación, autorregulación y responsabilidad social de los medios de comunicación audiovisual.

El dilema autorregulación versus regulación tiene algo de falaz, pues opone dos maneras de garantizar la responsabilidad que, en realidad, son complementarias. Grosso modo, la autorregulación tiene que ver con los mecanismos de control que se imponen a sí mismos colectivos o instituciones -periodistas o medios de comunicación, por no ir más lejos-. La regulación, sin embargo, se refiere al control que se impone desde fuera -ley,  decreto, orden administrativa, etc.-, motivo por el cual también se suele llamar heteroregulación.

Estas dos formas de garantizar el comportamiento humano son, como digo, complementarias, y no tiene mucho sentido oponerse a ninguna de ellas. La ley nos ayuda a establecer unos mínimos infranqueables, lo cual es muy importante para garantizar la coexistencia, mientras que los mecanismos de autorregulación pueden aspirar a unos máximos ideales, fundamentales para la convivencia. Y al revés. El derecho se imparte con lentitud, con gran desgaste de tiempo, dinero y energía. La deontología, en cambio, es más rápida, más barata y menos desgastante a nivel psicológico.

Obviamente, las dos formas de control pueden corromperse, y alguien puede afirmar, como he oído en la III Asamblea de Periodistas, que “la autorregulación es un fraude”, en el sentido, interpreto yo, de que algunos colectivos pueden utilizarla en su propio beneficio -más claramente, los medios de comunicación, como parapeto ante posibles intervenciones jurídicas-. Sin embargo, “hecha la ley, hecha la trampa”, es decir, la ley puede estar aprobada y promulgada y no llegar a aplicarse nunca de un modo completo, simplemente porque no interesa.

Tampoco conviene olvidar que tanto la autorregulación como la heteroregulación se apoyan en la ética, es decir, en la libertad y la responsabilidad de cada persona. ¿De qué sirve promulgar un código deontológico o crear un consejo/comisión de quejas, si nadie -personas e instituciones- lo cumple o no pasa nada si se incumple? ¿De qué sirve una ley fantástica que nadie apoya y que, por lo tanto, no será aplicada con eficacia, como está sucediendo con la Ley General de la Comunicación Audiovisual? De nada, me temo.

Y me temo que esto es lo que está pasando últimamente en el campo de la comunicación, sobre todo en el periodismo. Como falla la ética -o sea, fallamos las personas, a nivel individual-, como falla la autorregulación -las organizaciones periodísticas y los medios de comunicación- y como el miedo a la regulación o el amor por la libertad es exagerado, están surgiendo con fuerza nuevos términos como corregulación o autorregulación regulada, como pude comprobar en la sesión organizada por el CAC.

Esto refleja, para mí, una triste realidad que no queremos o no podemos ver con tanta lucha por la superviviencia, a todos los niveles. Las personas estamos perdiendo nuestra capacidad para asumir la responsabilidad de nuestra libertad y tienen que intervenir personas de  fuera para recordarnos que nuestra libertad termina donde comienzan los derechos de los demás. Esto estaba muy claro hace unos años, pero ahora, encima, no nos gusta que nos recuerden nuestros defectos, por lo que hemos de camuflar esta “injerencia” con palabras que nos recuerden a algo voluntario, como si comportarnos como debemos nos saliese del alma.  

Para que luego digan que la formación en ética no es importante. ¡Es la raíz de todo!

Los menores, nuevamente desprotegidos, ante la pasividad del Gobierno

El último informe elaborado por Maribel Martínez Eder para el Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales (OCTA), una plataforma que integra a más de 50 organizaciones sociales, denuncia el incumpliento de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y, más concretamente, la vulneración de los derechos de los menores.

El artículo 7.2. de la citada ley afirma que “está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita”.

Las cadenas, programas y profesionales más problemáticos son, según el informe del OCTA:

1. Sálvame Diario, emitido en Telecinco.

2. Espacios diarios dedicados a Gran Hermano, en Telecinco.

3. Diario, de Antena 3.

A estos espacios se añaden, advierte el informe, las cadenas satélite de Telecinco y Antena 3, como La Siete, Nova o Neox, que “emiten indiscriminadamente algunos programas pensados para emitirse por la noche, o mejor, se emitían por la noche”.

Desgraciadamente, el incumplimiento del horario de protección (de 6 de la mañana a 10 de la noche) y superprotección de los menores (de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde en días laborables; y de 9 y 12 los sábados, domingos y fiestas estatales) no es algo nuevo, pues las cadenas de televisión han obviado sistemáticamente los convenios de autorregulación que firmaron en 1993 y 2004, respectivamente.

El problema es que ahora no se vulnera un documento asumido libre -que no responsablemente-, sino una ley que emana del Parlamento español y, por tanto, de obligado cumplimento. La  indignación de los miembros del OCTA es comprensible y su conclusión al respecto muy clara.

Ante la constatación de un hecho que está a la vista de todos, ni al Gobierno ni a la oposición parece preocuparle un tema tan importante en sí mismo como es el cumplimiento de la normativa vigente en materia de comunicación, en aspectos tan fundamentales como la protección de los menores. Una ausencia del poder judicial y de todo organismo dedicado a vigilar el cumplimiento que se une a la falta total de autocrítica y el corporativismo de la mayor parte de los responsables de las cadenas de televisión y de los profesionales de la comunicación.

 

Quien tenga oídos para oír, que oiga.

 

La foto es mía y la encontré hoy camino a la Facultad, en Barcelona. 

Señor Jáuregui, “tenemos que hacer una reflexión”

Esta semana, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha lanzado dos noticias que afectan al mundo de la comunicación y el periodismo. En una, Jáuregui ha anunciado que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) que entró en vigor el 1 de mayo de 2010, se creará antes de este verano.

Este consejo, según explicó Jáuregui, posee capacidad para sancionar aquellos comportamientos audiovisuales que “violenten radicalmente los principios en los que se configura nuestra convivencia“, esto es, aquellos contenidos que fomenten la agresividad y el enfrentamiento o que presenten modelos sociales de escaso mérito. Es decir, el ministro de la Presidencia considera fundamental que exista un organismo público que vele por la calidad de la programación audiovisual.

En la otra noticia, Jáuregui anuncia que el Gobierno presentará en unas semanas una Ley de Servicios Profesionales que liberalizará el ejercicio profesional y, de este modo, contribuirá a “superar barreras que se han establecido para que las actuaciones de determinados profesionales en el mismo sector no estén divididas en función de las formaciones correspondientes“. Es decir, el ministro de la Presidencia considera la formación como una barrera corporativa que impide agilizar el ejercicio profesional y reducir costes.

Y yo me pregunto si estas dos iniciativas son compatibles o no estará el Gobierno incurriendo en una contradicción. Quiero decir que no me parece lógico que, por un lado, se regule para defender la calidad de los contenidos audiovisuales y, por otro, se regule para desvirtuar el papel de la formación de los profesionales que, en el caso que nos ocupa, se dedican a la comunicación y el periodismo.

Esto, además de una grave incoherencia, supone una pérdida de tiempo, dinero y energía. Que cada uno haga lo que quiera, que ya vendrá alguien a marcarnos los límites. Marquemos los límites, que hemos dejado que cada uno haga lo que quiera. Como diría el humorista José Mota, “las gallinas que entran por las que salen”, o sea, un despropósito.

Una falta de propósito o sentido que resulta además antipedagógica, en la medida en que seguimos mandando mensajes contradictorios a la ciudadanía, a los futuros ciudadanos. Queremos evitar la agresividad y el enfrentamiento en los platós de televisión, pero que la “ley de la selva” siga reinando en la calle. No queremos dar publicidad a modelos de escaso mérito, pero aplaudimos el modelo de la persona que sólo piensa en sí misma.

Comprendo que es difícil contentar a todo el mundo, pero el problema tal vez sea justamente ése, que se quiere satisfacer a todo el mundo. A los ciudadanos cansados de una televisión pésima y a los empresarios que demandan más facilidades para hacer negocios más redondos. Así que, señor Jáuregui, muchas gracias por invitarnos a reflexionar sobre los contenidos de las televisiones pero, por favor, piensen ustedes antes de promulgar las leyes.

 Foto tomada de http://elblogderamonjauregui.blogspot.com/