Más formación y menos regulación, por favor. ¿Podemos? ¿Queremos?

La difusión de unas declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la necesidad de regular “una parte” de los medios de comunicación social, ha destapado la Caja de Pandora, si bien el tema ya se incluía en el programa electoral de esta formación política que sorprendió en las pasadas elecciones europeas con cinco eurodiputados. El punto 2.6. del mismo se titula una “legislación destinada a impedir la formación de monopolios u oligopolios en el ámbito de la comunicación” y se incluyen tres medidas fundamentales: a) evitar la concentración de la propiedad de los medios; b) creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente ; y c) creación de una agencia de noticias europea, también gestionada democráticamente por los ciudadanos.

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, líder de Podemos

Es pronto para poder juzgar las intenciones, así que vamos a presuponer que son buenas. El profesor de la Complutense de Madrid quiere evitar que los propietarios de los medios (el dinero, vaya) y los grupos políticos (el poder) se inmiscuyan en las decisiones de los periodistas (el interés público, la democracia, la convivencia), hablando siempre en términos generales, claro, que excepciones siempre las hay y las habrá.

Ahora bien, no sólo de buenas intenciones vive el hombre. De hecho, las reacciones han llovido antes de que se explique cómo se llevará a cabo tan loable objetivo. Como botón de muestra, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha recordado que el Foro de Organizaciones de Periodistas lleva desde 2004 intentando que se apruebe, sin éxito, un Estatuto del Periodista Profesional, llamado Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC) desde 2010. Por el otro lado, se hallan quienes, como el periodista Ramón Lobo, defienden la libertad de empresa y la equiparan con la libertad de prensa. No he de añadir que este último grupo es alérgico a cualquier regulación específica de los medios y de sus profesionales.  Nada nuevo sobre el horizonte, tal y como puede apreciarse en mi humilde trabajo de investigación sobre el debate entre regulación jurídica y autorregulación de los medios.

No voy a valorar la propuesta concreta de la formación política que lidera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Sencillamente, porque, como he dicho anteriormente, debería conocer más detalles sobre la misma. Sí quiero, no obstante, realizar dos observaciones.

La primera, que todos, partidarios o detractores de una regulación específica de los medios, estamos cansados de que banqueros y políticos decidan qué es lo que sale o no sale en los medios. Y que sólo esto debería bastarnos para juntarnos y buscar alternativas, en vez de lanzarnos dardos unos a otros.

Y segunda, que vivimos en un momento de gran desconfianza general y que, por tanto, tan complicado resulta apelar a una institución independiente promovida por los legisladores (recuérdese el frustrado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales de la Ley General de la Comunicación Audiovisual) como cantar las bondades de la autorregulación empresarial y profesional. Lo que quiero decir es que la solución, la verdadera solución, no está en la institución o en el mecanismo que se cree, sino en las personas que lo pongan en marcha. Que las palabras que describen los medios públicos son maravillosas, así como las líneas editoriales de los medios privados. Hechos, no palabras.

Y para eso, hacen falta personas inteligentes, valientes, fuertes y con un gran sentido de la ética. O sea, educación, educación y educación, en todos los sentidos de la palabra; e investigación, investigación e investigación en el terreno pantanoso de la Ética y el Derecho. ¿Que se trata de un proceso lento y costoso? Más a mi favor. Ya vamos tarde y el esfuerzo que hay que realizar, tanto en tiempo, dinero como en energía, resulta mucho más elevado ahora. Lamentablemente, esta semana he sabido que la Fundación COSO se está planteando dejar de organizar más congresos de Ética y Derecho de la Información por falta de presupuesto, después de una década de esfuerzos por intentar reflexionar sobre cuestiones vitales para la vida pública. O sea, que si no hacemos nada, se tirará por la borda el único congreso especializado en estos temas, junto con el promovido recientemente por la Universidad de Sevilla.

Sólo los ciudadanos conscientes de la importancia de la independencia, la veracidad, la pluralidad y el respeto en los medios y, en definitiva, en la vida pública, pueden poner fin a tanto despropósito y desbarajuste. Y si podemos, la pregunta inmediatamente siguiente es: ¿queremos?

Imagen tomada de aquí

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