Los menores, nuevamente desprotegidos, ante la pasividad del Gobierno

El último informe elaborado por Maribel Martínez Eder para el Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales (OCTA), una plataforma que integra a más de 50 organizaciones sociales, denuncia el incumpliento de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y, más concretamente, la vulneración de los derechos de los menores.

El artículo 7.2. de la citada ley afirma que “está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita”.

Las cadenas, programas y profesionales más problemáticos son, según el informe del OCTA:

1. Sálvame Diario, emitido en Telecinco.

2. Espacios diarios dedicados a Gran Hermano, en Telecinco.

3. Diario, de Antena 3.

A estos espacios se añaden, advierte el informe, las cadenas satélite de Telecinco y Antena 3, como La Siete, Nova o Neox, que “emiten indiscriminadamente algunos programas pensados para emitirse por la noche, o mejor, se emitían por la noche”.

Desgraciadamente, el incumplimiento del horario de protección (de 6 de la mañana a 10 de la noche) y superprotección de los menores (de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde en días laborables; y de 9 y 12 los sábados, domingos y fiestas estatales) no es algo nuevo, pues las cadenas de televisión han obviado sistemáticamente los convenios de autorregulación que firmaron en 1993 y 2004, respectivamente.

El problema es que ahora no se vulnera un documento asumido libre -que no responsablemente-, sino una ley que emana del Parlamento español y, por tanto, de obligado cumplimento. La  indignación de los miembros del OCTA es comprensible y su conclusión al respecto muy clara.

Ante la constatación de un hecho que está a la vista de todos, ni al Gobierno ni a la oposición parece preocuparle un tema tan importante en sí mismo como es el cumplimiento de la normativa vigente en materia de comunicación, en aspectos tan fundamentales como la protección de los menores. Una ausencia del poder judicial y de todo organismo dedicado a vigilar el cumplimiento que se une a la falta total de autocrítica y el corporativismo de la mayor parte de los responsables de las cadenas de televisión y de los profesionales de la comunicación.

 

Quien tenga oídos para oír, que oiga.

 

La foto es mía y la encontré hoy camino a la Facultad, en Barcelona. 

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